Los recelos de la Casa Real a elaborar una Ley de la Corona

A lo largo de los 46 años transcurridos desde la restauración de la Monarquía en España ha habido varios intentos de desarrollar una ley específica que regule el funcionamiento de la institución de la Corona, pero ninguno se ha materializado y todos han quedado en el olvido. Esta vez, también parece que a pesar de las palabras del presidente del Gobierno a finales del año pasado, en las que adelantaba que “paso a paso conocerán la hoja de ruta que ha marcado Felipe VI para renovar la institución”,  a estas alturas del año, de esas medidas no se sabe nada de nada.

El primer jefe de la Casa de S.M. el Rey que trató con los periodistas en charlas informales sobre la necesidad de desarrollar una ley que regulara las funciones de la institución monárquica, que incluyera a todos y cada uno de sus miembros, fue Sabino Fernández Campo. Él contemplaba los pros y los contras de legislar con detalle las tareas del heredero de la Corona, de la  consorte del monarca y de otros integrantes de la monarquía. El debate interno en el Palacio de la Zarzuela era que hacer una ley que fijara de forma estricta esas tareas podía encorsetar demasiado las funciones y limitar a los miembros de la Familia Real de realizar otras actividades no incluidas en el texto de la ley.

Ese argumento ha seguido estando en el ánimo de los sucesivos responsables de los equipos de dirección de la Casa del Rey y es ahora, con la etapa de crisis que atraviesa la institución debida al comportamiento del Rey emérito, cuando la idea de legislar las funciones de los miembros de la Corona ha vuelto a ponerse en el candelero. Es verdad que Rodríguez Zapatero intentó llevar a cabo una reforma mínima pero imprescindible de la Constitución para eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono. Pero, al final, no se acometió la medida al no lograrse el consenso entre el PSOE y el PP. A ello se unió el riesgo de que alguno de los partidos minoritarios aprovechara la ocasión de abrir la Carta Magna para suscitar un debate sobre la forma de Estado y reclamar un referéndum para decidir si se mantenía la Monarquía o se cambiaba a una república.

La realidad es que el entusiasmo del Gobierno de Pedro Sánchez por la anunciada Ley de la Corona parece haberse evaporado y el motivo no está en el seno de su Ejecutivo sino que proviene del Palacio de la Zarzuela. No es que ellos no estén de acuerdo en reforzar las medidas de transparencia y regular la actuación de los integrantes de la Familia Real que ya se hicieron entre 2014 y 2015, tras la proclamación de Felipe VI. Pero vuelven a surgir dudas en la institución acerca de la oportunidad de convertir esas medidas en leyes orgánicas que puedan limitar la capacidad de actuación del Jefe del Estado y su entorno.

Las circunstancias han cambiado y quizá en estos momentos, en los que la crisis provocada por el Rey emérito es tan profunda, sea necesario reforzar la voluntad de garantizar a la ciudadanía la ejemplaridad de los integrantes de la Corona por medio de una Ley que despeje las dudas de una vez por todas y asegure la obligación de someterse a sus artículos de los que forman parte de la primera institución de España.